¿Cuánto dinero le da el Estado a las universidades públicas cada gestión?

José Gabriel Espinoza

Economista / Twitter

En este sentido, ambas fuentes de recursos, provenientes del Estado, resultan variables, ya que en el caso de la coparticipación tributaria, la normativa vigente establece que las universidades públicas recibirán el 5% de la recaudación en efectivo del Impuesto al Valor Agregado, del Régimen Complementario al Valor Agregado, del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, del Impuesto a las Transacciones, del Impuesto a los Consumos Específicos, del Gravamen Aduanero, del Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes y del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior, según la disposición transitoria tercera de la Ley 031 de Autonomías.

De la cifra resultante, la distribución, a nivel departamental, se realiza de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción a la que correspondan, en función a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, que finalmente, es distribuida a nivel de cada universidad (ya que en muchos de los casos existen departamentos con dos o más centros universitarios), en función del universo de estudiantes que estas cubren al interior del departamento.

En el caso del IDH, el modelo de distribución toma como información base el Informe Mensual de Regalías y la Participación al TGN, que es publicado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Con esta información se aplica la metodología de cálculo establecida en el Decreto Supremo 28223.

En este esquema de distribución, se establecen montos en función de categorías como la de departamentos productores y no productores, además de recursos asignados a fondos de compensación correspondientes a aquellos departamentos productores que perciben menos ingresos que los no productores.

Adicionalmente, se entregan recursos para el Fondo de Compensación para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ser los departamentos con mayor densidad poblacional y al que también acceden las universidades de estas regiones, por lo que la distribución de este fondo resulta en un 80% para las gobernaciones de cada departamento y un 20% para las universidades.

Finalmente, una vez que se han determinado los montos nacionales correspondientes a cada departamento del país, se procede a una redistribución interna entre gobernaciones departamentales, municipios y universidades, conforme a lo dispuesto en las leyes 3322 y 3791. De esta manera, y de acuerdo a la normativa vigente, la distribución del IDH, en términos promedio, establece una distribución en la que las regiones reciben el 64,8% del IDH y el TGN el 35,2%. Ahora bien, de los recursos que van a las regiones, las gobernaciones perciben 32,8% del IDH; 25,6% del IDH va a los municipios y 6,4% del IDH a las universidades.

En este sentido, los ingresos de las universidades, a partir de las transferencias del Estado, están en función tanto de la densidad poblacional (coparticipación), como de criterios geográficos (IDH), sin embargo, y particularmente a partir de este último factor, la volatilidad que se ha introducido en los ingresos de las universidades es de gran magnitud. Esto se observa principalmente en las universidades ubicadas en los departamentos productores, donde el IDH se ha transformado en su principal fuente de ingresos, llegando a representar en algunos casos, como es el de Tarija, algo más del 65% del total de los ingresos de la universidad de ese departamento.

A partir de esto, se puede ver en los gráficos presentados que existen dos grupos de universidades, el primero, en el que los ingresos por coparticipación son los que predominan y que corresponden además a los departamentos más grandes (por población).

En este sentido, este conjunto de universidades presenta un esquema financiero relativamente más sostenible, ya que en principio el grueso de sus ingresos no depende del factor precio o volumen de las exportaciones de gas, sino que está en función de la dinámica económica, que en los últimos 30 años ha sido relativamente estable, con tasas de crecimiento del 4,5 o 5% y que se correlaciona de manera directa con el nivel de recaudaciones en el país, pero que también está en función del peso de la población y por lo tanto de la demanda que enfrentan estas universidades.

En un segundo conjunto de universidades, se encuentran aquellas que en los departamentos productores de hidrocarburos y Pando (beneficiario de un fondo de compensación) tiene como consecuencia directa una mayor dependencia de los recursos por IDH, hasta el punto de llegar a representar, sobre todo en este departamento, hasta 4 veces más que lo percibido por coparticipación.

Queda que la normativa vigente busca equilibrar la distribución de los recursos del IDH en partes iguales entre los departamentos y por lo tanto universidades, sin considerar en forma fundamental el tamaño de la población estudiantil en las mismas.

Sin embargo, el criterio actual de distribución de los recursos provenientes del IDH no necesariamente es negativo, ya que éste busca promover el desarrollo de las universidades en aquellas regiones del país que han permanecido relativamente menos favorecidas en el pasado. En contrapartida, la volatilidad de los ingresos por IDH presenta el mayor desafío para las universidades del país, más aun si se considera la tendencia actual en los precios internacionales del petróleo.